El Tribunal Superior de Justicia de Madrid vuelve a dar la razón a los Graduados en Ingeniería de la rama industrial y les permite acceder al Cuerpo de Ingenieros Industriales de la Escala de Oficiales del Ministerio de Defensa

7 junio, 2018
  • El Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM) falla a favor del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), y permite a los Graduados en Ingeniería de la rama industrial acceder al cuerpo de Ingenieros Industriales de la Escala de Oficiales del Ministerio de Defensa, ya sea Tierra, Mar o Aire.
  • La sentencia del TSJM viene a sumarse así a la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2016, y a las actuaciones que las diferentes Administraciones ya están realizando y permitiendo.

 

Madrid, 1 de junio de 2018.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a dar la razón a los Graduados en Ingeniería de la rama industrial, en línea con las tesis defendidas desde siempre por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España.

El presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, manifiesta su satisfacción por la nueva sentencia que “recoge nuevamente los derechos que nos asisten a los Graduados, y pide que el resto de Administraciones, estatal, autonómicas y locales apliquen la legislación y la jurisprudencia al respecto”. Además, lamenta que desde algunas Administraciones se siga poniendo freno a la evolución de las titulaciones por cuestiones meramente corporativas, que dificultan la verdadera evolución de las Ingenierías en España.

Por otro lado, se muestra totalmente satisfecho porque la sentencia no solo recoge los fundamentos de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2016, sino que además hace especial énfasis en desterrar el anterior sistema basado únicamente en el número de años de carrera académica, y sin embargo potencia la carrera profesional, basado en el desarrollo profesional y la experiencia, en consonancia con el modelo que el COGITI está llevando a cabo desde hace mucho tiempo.

La sentencia del TSJM defiende, por lo tanto, la misma tesis que la establecida por el TS, en 2016, donde quedaba en evidencia el que se requiera una titulación específica para ocupar un determinado puesto de trabajo en la Administración Pública, dado que se requieren otras capacidades y competencias que son objeto de la oposición, y quedaba completamente claro que la titulación de Graduados/a es la única que se puede exigir para optar al Grupo A (A1 o A2) de la Función Pública, siempre y cuando no hay una Ley que exija otra titulación diferente, para lo que deberá hacer una justificación de la misma.

Hasta la fecha, las diferentes Administraciones, en la mayoría de los casos, estaban optando por continuar con las denominaciones y titulaciones anteriores a Bolonia para la definición de la oferta de empleo público, con lo que se estaba marginando a los nuevos titulados de Grado de las Universidades, a los que se les impedía por sistema optar al Grupo A1 de la Función Pública, en contra de lo que indica de forma clara y concisa el art. 76 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por otra parte, en referencia a las Administraciones, en noviembre de 2016, la Junta de Castilla y León tuvo que subsanar el error cometido con los Graduados en Ingeniería de la rama industrial, a los que excluyó en la convocatoria de una oposición al Cuerpo de “Ingenieros Superiores Industriales”. Varios Graduados en Ingeniería de la rama industrial formalizaron su inscripción en este proceso selectivo, y fueron excluidos de la lista provisional por el motivo 07, que identifica la carencia de titulación adecuada.

Al ser conscientes de la discriminación injustificada de la que estaban siendo objeto, fueron respaldados y asesorados por los Colegios profesionales donde ambos están colegiados, y siguiendo las tesis jurídicas defendidas por el COGITI, presentaron las alegaciones pertinentes a la Administración competente.

Otro ejemplo reciente lo encontramos en el Ayuntamiento de Madrid, que  sumándose a otras Administraciones que ya lo han hecho, y acogiéndose a la legislación vigente y a la referida Sentencia del Tribunal Supremo, ha admitido a los Graduados para presentarse a las plazas de Ingeniero Superior Industrial. También  han seguido estos pasos la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (Resolución de 21 de noviembre de 2017, por la que se convocan pruebas selectivas para ingresar, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, especialidad Ingenieros Industriales – Grupo A, Subgrupo A1-); el Ayuntamiento de Burgos (proceso selectivo para cubrir una plaza de Jefe del servicio de extinción de incendios y salvamento perteneciente a la escala de administración especial, subescala B, servicios especiales, clase de cometidos especiales, grupo A, subgrupo A1 de titulación), el Ayuntamiento de Vigo (convocatoria de selección de personal para la formación de una bolsa de empleo de Ingeniero Industrial), el Consell Comarcal de Osona (selección de una plaza de Ingeniero Superior), o el Ayuntamiento de Salt (bolsa de trabajo para cubrir necesidades temporales de personal de diversas categorías, entre las que se encontraba la de Ingeniero Superior).

Algunas de estas Administraciones han rectificado tras los requerimientos presentados por los Colegios de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales.

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