La Diputación de Valencia llama a la insumisión de los alcaldes contra Trabajo

30 junio, 2016

El Ministerio de Empleo y la Diputación de Valencia mantiene una batalla jurídica de gran alcance en la que están afectados 189 municipios, 16 colegios profesionales y unos 300 trabajadores en su mayoría arquitectos, ingenieros, biólogos o graduados sociales. La discrepancia afecta al modelo de contratación que siguen desde hace tres décadas ayuntamientos menores de 5.000 habitantes a instancias de la corporación y, que hasta ahora, había sido validado. En juego están más de tres millones de euros que, en principio, deberán pagar los pequeños municipios y los colegios profesionales. De forma paralela se ha removido, según los sindicatos, el debate del enchufismo desde las alcaldías y de la precariedad laboral que afecta a licenciados que trabajan a tiempo parcial para los ayuntamientos.

La corporación insta a ignorar el pago de las cuotas de la Seguridad Social que el ministerio reclama a los municipios por los técnicos.

Secretarios municipales y alcaldes andan estos días quemando el teléfono ante el ultimátum del ministerio de que deben dar de alta en el régimen de la Seguridad Social a aquellos contratados al amparo de los convenios de colaboración suscrito con la Diputación de Valencia. El plazo concluía ayer. En caso contrario, será la propia inspección de trabajo la que de oficio procederá a dar de alta ante la Tesorería General a unos 300 beneficiarios, a tenor de la carta enviada en abril.

La Diputación ha recomendado a los ayuntamientos que actúen mediante la «insumisión» y queden a la espera de comprobar si se cumple la «amenaza» del ministerio y remite actas y se reclaman las cuotas de los últimos cuatro años. Desde el departamento de Asesoramiento Municipal se insta a los ayuntamientos a que, en su caso, pidan el aplazamiento del pago a la espera de una decisión judicial. La corporación provincial, que ha adelantado que colaborará en defensa de los pequeños municipios, sostiene que existen ya dos sentencias de Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) que avalan el modelo de contratación. Es el caso de Caudete de las Fuentes y Fuentrerrobles. En cambio, en la misiva de Trabajo se recogen referencias a fallos emitidos por el Supremo y Tribunales Superiores de Justicia de varias autonomías. Según la Diputación no son casos asimilables.

La corporación alega sentencias del TSJC para desobedecer el ultimátum de la Inspección de Trabajo

Los convenios de asistencia técnica que patrocina la Diputación se remontan a los años 80. El ilustre funcionario Ramón Aguilar, consciente de la precariedad económica de los pequeños municipios y de la necesidad que tenían para contratar a arquitectos o ingenieros puntualmente, propuso a la corporación que colaborase económicamente dado no se disponía de técnicos. La fórmula aún vigente consiste en que los ayuntamientos pagan el 80% del salario y el colegio profesional el 20%. A los seis meses, la Diputación subvenciona en un 50% del total a los ayuntamientos, que pueden tener como máximo tres convenios. Esto es, puede darse el caso que un municipio tenga un convenio con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, otro con de Aparejadores y un tercero con el de Biólogos. Tres profesionales prestando servicio con un máximo de 8 horas semanales. El tipo de contrato es de prestación de servicio o, como algunos denominan de ‘falso autónomo’. Es ahí donde surge el conflicto.

El inspector de Trabajo José Miguel Prados visitó «la totalidad de la comarcas y a la mayoría de entes locales» y consideró «procedente la inclusión (de los trabajadores) en el Régimen General de la Seguridad Social». Un trabajo que presumiblemente le ha reportado o un beneficio extra debido al plus de productividad con que cuentan los inspectores. Paralelamente, una decena de profesionales acogidos a los convenios denunciaron su contratación ante los tribunales y en la Inspección Provincial.

En el conflicto han aflorado dos asuntos de calado: el sistema supuestamente arbitrario en las contrataciones y la precariedad de los contratados, según los sindicatos. Son los alcaldes (o los concejales del equipo de gobierno) quienes deciden a qué persona se contrata y qué tipo de servicios, ya que están amparados por la ley al tratarse de contratos menores o de negociado sin publicidad. No parece casual que con los cambios en los gobierno locales vayan aparejadas sustituciones de técnicos, lo que, en opinión de representantes sindicales, pone en evidencia «clientelismo político».

El conflicto saca a la luz enchufismos y contratos precarios del personal, según los sindicatos

La percepción económica de los técnicos está más cercana a la crítica de los contratos en precario. El trabajador debe hacerse cargo de su seguro de autónomo y debe descontar el 19% de retención de IRPF. En el caso de los arquitectos deberían contar con un seguro que es obligatorio pagar durante diez años ante cualquier caso de responsabilidad civil o penal. Por lo tanto, si están contratados cuatro horas percibirían poco más de 400 euros, lo que después de gastos saldría a unos 50 euros brutos la hora. Los beneficiarios pueden desempeñar este tipo de colaboración en un máximo de cinco ayuntamientos y tiene la opción de emitir informes, es el caso de los planes de obras y servicios, que se perciben al margen. Este plus en los ingresos no sería factible de estar contratados en el régimen general .

Cada uno de los 189 ayuntamientos afectados tendrán que decidir si atiende la instrucción de la Diputación de declararse insumisos. Los alcaldes pueden esgrimir que sus presupuestos no contemplan el gasto de las cuotas a la Seguridad Social. Con todo, los pequeños municipios podrían reclamar el IVA de los últimos cuatro años lo que, probablemente, provocaría un nuevo conflicto esta vez con Hacienda.

Los 16 colegios profesionales implicados también están afectados. Deberán desembolsar el 20% del total de la cuota. La Diputación quedará exenta de pago, ya que se limita a dar una subvención. La institución provincial asegura que la carta «amenazante» de la Inspección de Trabajo ha conseguido poner de acuerdo en no pagar a 189 ayuntamientos, con independencia del color político, y a los 16 colegios profesionales afectados.

Fuente de la noticia: Las Provincias

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